El aumento de las acciones constitucionales relacionadas con las prestaciones médicas es una tendencia en diversos sistemas de seguridad social de la región, y Guatemala no es la excepción. Esta mala práctica ocasiona problemas de grandes proporciones, al violentar los criterios clínicos y patológicos, y todo un perfil de diagnóstico que los especialistas han establecido en sus pacientes.
Este tema fue el abordado durante el foro “Gestión de adquisiciones de medicamentos, dispositivos médicos y tratamientos en el contexto de las resoluciones judiciales para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”, organizado por el IGSS en el Instituto de Jueces y Magistrados de Trabajo y Previsión Social del Organismo Judicial -IJUMAT-.
El maestro Eduardo Fuentes, asesor jurídico del Departamento Legal, indicó que en 1999 se registró el primer amparo, sin embargo, en los últimos cinco años el aumento ha sido exponencial, principalmente los relacionados con los medicamentos de marca.
De acuerdo con los registros, los amparos se presentan por medicamentos, equipo o dispositivos médicos, atención médica e Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).
Año Amparos Por medicamentos
2021 283 257
2022 324 288
2023 588 542
2024 750 690
2025 1,167 1097
El maestro Fuentes resaltó que del 2021 al 2026, los amparos por medicamentos de marca aumentaron en un 326 %. Se estima que el año cerrará con 1,600 amparos por este concepto. “Es un tema al que hay que prestarle atención”, agregó.
El foro se llevó a cabo en el marco del Diplomado de Cultura y Seguridad Social impartido por el IGSS a los jueces y magistrados de trabajo y previsión social a nivel nacional. En esta sesión académica participaron 33 funcionarios judiciales de forma presencial y más de 110 por la vía virtual.
El doctor Edwin García Caal, jefe del Departamento Actuarial y Estadístico del Instituto, indicó que esta actividad permite reflejar la magnitud del problema que ocasiona un medicamento amparado en la parte financiera y médica científica.
“Este aprendizaje permitirá mejorar la toma de decisiones y dar a conocer a las partes interesadas los aspectos que deben tener presentes para favorecer la salud de la población afiliada y derechohabiente”, destacó García Caal.
Por su parte, la licenciada Marta Letrán, presidenta de IJUMAT, afirmó que esta sesión permitió que se conocieran todas las incidencias que resultan de las decisiones judiciales en las que se ordenan la adquisición de medicamentos.
