Que el Instituto está en la disposición jurídica necesaria para atender todos los requerimientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero no cuando esas acciones se basan en nombramientos que podrían resultar ilegales o cuando los auditores demandan que se realicen acciones irregulares en los que incurren algunos delegados contralores, por lo que el Instituto ha hecho del conocimiento al señor Contralor General de Cuentas, señor Edwin Humberto Salazar Jerez, un Pronunciamiento que busca preservar la legalidad, juridicidad, transparencia y objetividad.

En dicho pronunciamiento se advierte que estas irregularidades de algunos contralores podrían resultar nulas, ya que se considera que infringen normas de auditoría, y los principios de legalidad, de certeza jurídica y debido proceso, todo esto derivado del análisis técnico y legal que el Seguro Social realizó a las normas nacionales e internacionales aplicables en los casos en particular, detectando agravios e irregularidades que constan en el pronunciamiento presentado al señor Contralor General de Cuentas y de estos se exponen algunos ejemplos:

  1. Que el actuar de los auditores gubernamentales podría estar basado en normas derogadas o en su caso no aprobadas ni adaptadas en el marco metodológico o conceptual del ente contralor, en consecuencia, serían nulas y probablemente ilegales todas las actuaciones que están realizando, ya que provocan falta de certeza jurídica.
  2. Se han dirigido cuestionarios antitécnicos y no objetivos a usuarios y trabajadores del IGSS, que contienen preguntas tendenciosas, ya que resulta improcedente e ilegal que los mismos auditores gubernamentales estén orientando y actuando de forma parcializada en cuanto al contenido de los cuestionarios en mención. Las preguntas puestas de manifiesto van dirigidas para inducir a los derechohabientes y trabajadores a responder de una forma no objetiva y negativa, lo cual a todas luces tendrá repercusiones perjudiciales en el resultado de la auditoría.
  3. Asimismo, se apersonaron a tres unidades médicas del Instituto, tomaron y extrajeron medicamentos como muestras, lo cual implica un excesivo uso de sus facultades conferidas en la ley, dicho exceso se materializa pues no se tiene la legitimación, capacidad e idoneidad necesarias, ya que no existe facultad establecida en la ley que le permita realizar muestreo a través de la extracción de los bienes del Instituto como parte de las pruebas de auditoría. De esa cuenta, no existe imperio legal ni reglamentario que avale esta extracción de medicamentos de las diferentes unidades médicas.

Y así, se podría enumerar una serie de acciones irregulares cometidas, por lo que, con el fin básico de evitar estas extralimitaciones, se presentó ante la Corte de Constitucionalidad, una Consulta de Competencia Constitucional entre la Contraloría y el IGSS.

Queda claro que el Instituto ha trabajado con riguroso mecanismo de transparencia y lucha frontal contra la corrupción, que conlleva apertura a la CGC en todos los procesos de compra tanto de insumos como de medicamentos, por ello reitera que en ningún momento las autoridades del Seguro Social se han opuesto a los mecanismos de control y supervisión de la Contraloría, siempre y cuando se realicen dentro del marco legal y constitucional.

Guatemala de la Asunción, noviembre de 2019

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